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FIDAI obtiene vinculación a proceso en contra de presunta secuestradora en San Antón

Bol.0461

  • Se buscaba desde el año 2019
  • Se cumplimentó orden de aprehensión en su contra por hechos ocurridos en Ocotepec
  • Su pareja y dos masculinos más ya fueron sentenciados

Al cumplimentar elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía Antisecuestros (AIC-UECS) cumplimentaron en la colonia San Antón del municipio e Cuernavaca, una orden de aprehensión en contra de Xóchitl “N”, por su presunta participación en el secuestro de una femenina en el municipio de Cuernavaca.

Los hechos investigados se registraron en el año 2019, cuando una mujer fue privada de su libertad al interior de un consultorio dental ubicado en el poblado de Ocotepec, en la capital del estado, para posteriormente exigir una suma de dinero a cambio de su liberación.

Procesos de investigación a cargo de la Fiscalía Antisecuestro permitieron su liberación con vida y sin pagar rescate, a través de una acción operativa que tuvo lugar en el Fraccionamiento Montecasino, municipio de Huitzilac, donde además se detuvo a Alejandro “N” de 38 años de edad, Daniel “N” de 26 años y Sergio Ricardo “N” de 36 años de edad, hoy sentenciados por unanimidad a 70 años de prisión.

Al explorar las líneas de investigación, se advirtió que, en el momento de la privación de la libertad de la víctima, participaron dos masculinos y una femenina, quien a la postre fue identificada como Xóchitl “N”, pareja de uno de los sentenciados, por lo que el Agente del Ministerio Público Especializado gestionó y obtuvo la orden de aprehensión respectiva.

En audiencia inicial, Xóchitl “N” fue imputada por el delito de secuestro agravado, imponiéndosele como medida cautelar la prisión preventiva, debiendo permanecer en el Centro Penitenciario Femenil de Atlacholoaya, en espera de que el Juez de Control resolviera su situación jurídica.

En audiencia de continuación de proceso, se valoró el acervo probatorio correspondiente, mismo que al ser valorado por la autoridad judicial se dictó un auto de vinculación a proceso, haciéndose prevalecer la prisión preventiva en su contra y se concedió a la representación social el plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.

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